Ilustración: Carlos Martínez Lapuente
La opción SÍ significaba que Pinochet se mantendría en el poder hasta 1997, y la alternativa NO representaba la convocatoria a elecciones presidenciales en 1989.
Documento: Archivo MMDH
El 14 de diciembre de 1989
convirtiéndose en el primer presidente electo democráticamente desde el golpe de Estado.
Foto: Marcelo Dauros Inostroza
que desde el primer día se organizó y movilizó con denuncias, acciones de resistencia y contrainformación.
Documento: Archivo MMDH
En mayo de 1983, trabajadores y trabajadoras del cobre llamaron a un paro nacional contra la dictadura, al que se sumaron amplios sectores de la sociedad civil. La movilización creció y logró presionar al régimen.
A medida que se acercaba el plebiscito de 1988, la ONU apoyó el retorno a la democracia:
25.000 MUJERES se manifi estan contra la dictadura. Foto: Kena Lorenzini
Marcel Young,
Director Ejecutivo Comisión Chilena de Derechos Humanos entre 1986-1991.
Recuperada la democracia, en 1991, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tomó un rol activo para apoyar la instalación del nuevo gobierno, así como el desarrollo en el país.
La Coordinadora o el Coordinador Residente es la representación de mayor rango del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas en los países. Tiene la responsabilidad de liderar al Equipo de País de las Naciones Unidas, compuesto por las agencias, fondos y programas de la ONU, y coordinar sus esfuerzos para avanzar en las metas del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Coordinadora Residente es la representante designada del Secretario General de la ONU, António Guterres, en el país.
Las funciones y responsabilidades de la Coordinadora Residente abarcan las siguientes:
El 14 de noviembre de 2021, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, nombró a María José Torres Macho, de España, como Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Chile, con la aprobación del Gobierno.
La Sra. Torres Macho tiene más de 30 años de experiencia en derecho, desarrollo sostenible, asuntos humanitarios, consolidación de la paz y coordinación del desarrollo, los cuales ha adquirido en las Naciones Unidas y externamente. Dentro de la Organización, su último cargo fue el de Coordinadora Residente en Malawi, tras haber ocupado otros puestos de dirección en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, como Jefa y Jefa Adjunta de la Oficina en Colombia y en Palestina, respectivamente. También trabajó como oficial político en el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (Department of Political and Peacebuilding Affairs, DAPCP, en inglés) en Nueva York y en Somalia, y ocupó puestos directivos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Colombia y Rwanda, así como en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala.
Antes de incorporarse a las Naciones Unidas, la Sra. Torres Macho fue Directora Ejecutiva de la Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE), una organización no gubernamental española especializada en el desarrollo local, y trabajó en el Parlamento Europeo.
Obtuvo un máster en Derecho Internacional Humanitario y Derecho de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, en el Reino Unido; un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica; un máster en Estudios Europeos por la Universidad Pontificia, en España; y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Cantabria, en España.
Flor Lorca, Periodista y Licenciada en Derecho, junto a su esposo Luis Salas, Técnico en Electricidad, militaron desde jóvenes en el Partido Comunista de Chile y fueron parte de la resistencia activa durante la dictadura en Chile. En 1987, tras el atentado a Pinochet, fueron encarcelados junto a sus dos hijos de 4y 6 años en ese momento. Tania, la hija menor, había nacido con el síndrome de DiGeorge, el cual provoca el desarrollo insuficiente de varios sistemas del cuerpo.
La Fundación de Protección a la Infancia Dañada en Estados de Emergencia (PIDEE) desempeñó un papel crucial al gestionar la liberación de los niños, acogiéndolos en la «Casa Hogar» que mantenía en Santiago. Dada la situación de salud de la hija menor y en conformidad con lo establecido en los convenios internacionales, que exigían que al menos uno de los padres estuviera en libertad para cuidar de los niños, las Naciones Unidas intervinieron. En 1988, Ricardo fue liberado para encargarse del cuidado de sus hijos y abogar por la libertad de Flor. Finalmente, en 1990, Flor Lorca recuperó su libertad.
Huelguista, entonces presidente de Zonal El Teniente de Codelco
Eugenio López López, minero del cobre y padre de dos hijos, desempeñó el cargo de presidente del Sindicato de la zona de El Teniente, uno de los mayores yacimientos de cobre subterráneo a nivel mundial, durante el periodo comprendido entre 1983 y 1985. Su participación activa fue esencial en la creación del Comando Nacional de Trabajadores, una organización social fundamental en la lucha por la democracia en Chile.
Luis Zamudio, responsable de la oficina de la OIT en América Latina en ese momento, viajó a Santiago para sostener reuniones con los dirigentes y contribuir al proceso de restauración de la democracia y el restablecimiento del estado de derecho.
En 1986, López López, junto a otros líderes sindicales, llevó a cabo la ocupación de la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile para denunciar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Augusto Pinochet.
Anita Altamirano Aravena, profesora jubilada, esposa de Juan Gianelly, un profesor normalista detenido y desaparecido por la dictadura desde 1976. Inicialmente formada como profesora normalista en Talca, se trasladó a Santiago para completar su bachillerato y estudiar Historia en la Universidad Técnica del Estado, UTEC.
Posteriormente, se inscribió en la Universidad de Chile para obtener su título de profesora de Estado en Educación. Después de la detención y desaparición forzada de su compañero de vida, quedó sola con sus hijos, asumiendo la responsabilidad de sostener a su familia. Participó activamente en la lucha de los familiares de detenidos desaparecidos, buscando incansablemente a su esposo y a las demás víctimas de las desapariciones ocurridas durante la dictadura en Chile entre 1973 y 1989. Altamirano también tuvo un papel activo en la huelga de la CEPAL en 1977, un suceso que marcó profundamente su vida y fue de gran importancia para que la comunidad internacional conociera las desapariciones forzadas en Chile y Latinoamérica.
Cientista político y licenciado en Historia por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, desempeñó el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) desde 1986 hasta 1991.
Esta entidad, fundada en 1978 durante la dictadura en Chile, tenía como objetivo principal la promoción y protección de los derechos funda mentales consagrados en la carta internacional de Derechos Humanos, los cuales estaban siendo gravemente vulnerados en ese contexto. La Comisión se destacó como una ferviente defensora de los derechos humanos, congregando a más de 300 colaboradores, muchos de los cuales trabajaban de manera voluntaria, y recibiendo financiamiento de organizaciones internacionales. Sus actividades abarcaban desde la denuncia de violaciones a los derechos humanos mediante informes y boletines, hasta la promoción de derechos a través de seminarios y proyectos educativos. La estrecha colaboración con Comités de Base y filiales regionales fue un elemento distintivo, destacando el programa Acción Jurídica que proporcionaba apoyo legal a las víctimas de la dictadura y a sus familias.
Destacada profesora uruguaya, ocupó el cargo de vicecanciller de Uruguay entre 2005 y 2008. Durante el gobierno de Salvador Allende, residió con su familia en Chile, ya que su esposo desempeñaba funciones como encargado de negocios de la embajada de Uruguay.
Tras el Golpe de Estado de 1973, demostró un extraordinario coraje al poner en riesgo su vida al trasladar personas a diversas embajadas para ofrecerles asilo político.
Belela traslado a cientos de personas en su Fiat 600 desde sus hogares o embajadas que eran cerradas por el régimen hasta otras donde pudiesen estar a salvo y conseguir refugio.
Belela es hoy un símbolo de los Derechos Humanos en América del Sur.
En la década de 1970, se incorporó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desempeñando un papel crucial en la defensa de los Derechos Humanos y brindando apoyo a víctimas de persecución política en Chile y otros países de la región. Su labor fue determinante para que miles de personas hallaran refugio en naciones seguras.
En la década de 1980, ocupó el cargo de directora adjunta de la oficina de ACNUR en San José, Costa Rica. En 1983, desde la Oficina Regional de ACNUR en Buenos Aires, durante la recuperación de la democracia en Argentina, colaboró en la reunificación de familias separadas por el exilio y el descubrimiento de niñas y niños desaparecidos. Su trayectoria refleja un compromiso preferencial con la defensa de los derechos humanos y el apoyo a quienes se vieron afectados por situaciones de persecución y exilio en la región.